Las empresas que capturaron el Estado gracias a Milei: cuáles son y los beneficios que recibieron

Javier Milei con Elon Musk en la Gigafábrica de Tesla en Austin, el 12 de abril.
Las políticas económicas y de desregulación del Estado llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei estuvieron claramente destinadas a beneficiar a empresas y grupos económicos en detrimento del conjunto de la sociedad, a través de un entramado de opacidad y corrupción que dan forma a lo que se describe como “un Estado capturado”, según el informe elaborado por el Instituto Argentina Grande.
La investigación se centra tanto en los funcionarios que responden a intereses particulares como a medidas económicas tomadas con claros ganadores en el sector ptivado. “Un Estado capturado implica un gobierno caracterizado por un tipo de corrupción de gran escala y enormes perjuicios. La concentración económica que generan los fenómenos de captura, lejos de fomentar la tan anunciada libertad y competencia económica, ponen en pocas manos políticas sectoriales y sus beneficios”, sostuvo el informe.
El “relajamiento del control para facilitar la captura y la libre expresión de los intereses particulares deja a ciudadanos y ciudadanas en situación de desprotección frente a la crueldad y desinhibición de la búsqueda inescrupulosa de la ganancia extraordinaria”, añadió.
El soborno de los funcionarios públicos es la forma más conocida, pero no es ni la única ni acaso la más importante forma en que se manifiesta la corrupción. En sociedades surcadas cada vez más por crecientes desigualdades, la influencia de grupos económicos sobre el poder político ha potenciado otras formas de corrupción que suponen un riesgo enorme para la supervivencia misma de la democracia y que tienden además a reforzar las desigualdades.
“Una de ellas es la captura del Estado, que la organización Transparencia Internacional define como una situación en la que determinadas personas, instituciones, empresas o grupos económicos definen a través de medios corruptos las políticas, el marco jurídico y la economía de un país en su propio beneficio y en detrimento del interés general”, apuntó el documento.
“Esta influencia indebida sobre la formación de leyes y de políticas llevó a que el FMI advirtiera que en las economías en transición, la captura del Estado-definida como corrupción a gran escala- representa el problema más pernicioso y difícil de detectar”, agregó.
El trabajo de Instituto Argentina Grande define distintos fenómenos que aumentan significativamente los riesgos de captura estatal, como el conflicto de intereses y precisa que el actual Gobierno tiene una gran cantidad de áreas de relevancia política, económica y social, capturadas por parte de poderosas corporaciones de los más diversos rubros. Un tercio (29%) de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ocupan cargos de dirección en empresas privadas (Informe del Observatorio de las Elites CITRA-UMET, 2024). A noviembre 2024, son 55 funcionarios con 182 participaciones en 171 empresas que operan en 17 sectores de actividad.