Penitenciarios, drogas y favores: el negocio dentro de Villa Las Rosas
La Fiscalía presentó pruebas demoledoras contra una red narco-criminal que operaba dentro del penal de Villa Las Rosas, integrada por internos, familiares y funcionarios del Servicio Penitenciario. En total, 20 personas imputadas, entre ellos jefes de pabellón, celadores y miembros de la Junta Correccional, el órgano que decide beneficios carcelarios.
El caso expone cómo el sistema penitenciario salteño fue colonizado por la corrupción. Los detenidos y sus familias pagaban a penitenciarios para obtener traslados, accesos a granjas, atención médica preferencial o el ingreso de celulares, alimentos y hasta drogas.
Entre los funcionarios imputados figuran Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Guaymás, Luis Castaño, José Luis “Cachorro” Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Arjona y Marcos Bucotich García. Según la investigación, Moya llegó a manejar favores desde la alcaldía de Ciudad Judicial, donde además ocupaba un cargo en la Municipalidad de Salta Capital, lo que desnuda la porosidad entre el poder político y el delito.
Las escuchas revelaron escenas grotescas: el interno Manuel Méndez se jactaba con su madre de “consumir drogas y asar carne” dentro de la cárcel, mientras conseguía “diez puntos de conducta” sin cumplir norma alguna. Otro implicado, Baldomero Córdoba, era el encargado de canalizar el dinero hacia los penitenciarios. Entre los beneficiados aparece Lautaro Teruel, condenado por abuso sexual, quien habría accedido a traslados y un régimen de detención favorable gracias a pagos ilegales. Una transferencia de $100.000 a la esposa de Bisceglia dejó trazabilidad financiera en la causa.
Los delitos que se juzgan son graves: asociación ilícita, concusión, comercialización de estupefacientes agravada y corrupción dentro de un lugar de detención. El juicio tendrá unos 180 testigos y está a cargo de los jueces Federico Diez, Javier Araníbar y Paola Marocco, con la Unidad Fiscal encabezada por Pedro García Castiella.
El caso Villa Las Rosas no muestra un “desborde” del sistema, sino su normalización como espacio de negocios criminales con complicidad estatal. La cárcel, en lugar de custodiar, se convirtió en sucursal del delito.
