IPS: Extiende la intervención en medio de deuda millonaria y denuncias de sobrefacturación
El Gobierno de Gustavo Sáenz prorrogó por tres meses la intervención del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), la obra social que concentra unos 300 mil afiliados y que arrastra una deuda de 25.000 millones de pesos. El contador Emilio Carlos Martín Savoy Uriburu seguirá al frente del organismo, según el Decreto N°527 publicado en el Boletín Oficial.
Desde el Grand Bourg justificaron la medida afirmando que “aún restan tareas para lograr el óptimo funcionamiento del I.P.S.”. Sin embargo, la decisión llega luego de meses marcados por polémicas institucionales, acusaciones de sobreprecios y malestar de los afiliados.
Deuda y aumento de cuotas
El propio Sáenz reconoció que el déficit del IPSS se disparó por el incremento del precio de los medicamentos y el bajo valor de las cuotas de los afiliados, motivo por el cual autorizó un aumento. Savoy, como interventor, precisó que la deuda actual asciende a 25.000 millones de pesos, cifra reclamada por prestadores y cuerpos colegiados profesionales.
Denuncias sin investigación judicial
En paralelo, el gobernador denunció públicamente que se detectó “sobrefacturación” en clínicas privadas:
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Afiliados internados un día que figuraban tres.
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Solicitudes de estudios “innumerables y no necesarios”.
Pese a la gravedad de estas afirmaciones, no hubo denuncias judiciales concretas ni procesos penales abiertos para esclarecer los hechos. La falta de acciones en la justicia contrasta con la magnitud del dinero en juego y deja las acusaciones en el terreno de la declaración política.
Un organismo bajo la lupa
La intervención del IPSS, que desplazó a Gladys Sánchez de la conducción, fue decidida en conjunto por Sáenz y su gabinete: Ricardo Villada, Martín de los Ríos, Cristina Fiore Viñuales, Manuela Arancibia, Gaspar Solá Usandivaras, Sergio Camacho y la secretaria general Matilde López Morillo.
Mientras tanto, los 300 mil afiliados enfrentan aumentos de cuotas y prestaciones cada vez más restringidas, en un sistema que acumula deudas y sospechas de corrupción.
