“Gastar guita del estado para resolver temas del privado es ilegal”: El Ministro de Gobierno le paró el carro a Las Day
El ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, cuestionó a los desarrolladores inmobiliarios que venden terrenos prometiendo servicios que después no pueden garantizar y terminan trasladando el problema al Estado. En El Murishow habló de La Almudena, Vía Aurelia y descartó que exista actualmente una definición para utilizar terrenos de la Escuela Agrícola.
Consultado por la situación de La Almudena, Jarsún aclaró primero que el barrio pertenece a la Capital y explicó qué responsabilidad tiene actualmente Aguas del Norte. Según detalló, la empresa recibió en su momento el servicio de cloacas, pero nunca recibió ni prestó el servicio de agua, que continúa bajo la órbita del consorcio privado de la urbanización.
“Aguas del Norte nunca le atendió el agua y nunca le recibió el servicio de agua. La Almudena tiene su propio consorcio”, explicó. El funcionario sostuvo que, para que la empresa provincial pueda asumir un servicio, éste debe encontrarse en condiciones acordes a las exigencias necesarias y señaló que, en el caso de La Almudena, el abastecimiento de agua nunca fue suficiente o no se realizaron las obras necesarias para reforzarlo, por lo que Aguas del Norte no lo recibió.
A partir de ese caso, Jarsún amplió la discusión hacia los desarrollos inmobiliarios privados. “Cuando alguien hace un desarrollo privado, como en este caso, que tenga el servicio en condiciones y lo quiera hacer responsable de eso, porque si no después le pateás la pelota al Estado”, señaló.
El ministro aseguró que el problema no se limita a La Almudena y cuestionó a los empresarios que comercializan terrenos asegurando infraestructura que finalmente no ejecutan. “Pasa en todos lados, no solamente en La Almudena. Muchos lugares pasa esto. Hacen mucha plata vendiendo terrenos, te cobran a vos que vas a tener agua, que van a tener todos los servicios y después no lo hacen”, afirmó.
Jarsún utilizó un ejemplo para marcar dónde entiende que está el límite de la intervención estatal: “Si te decidís a hacer un loteo en algún punto y no le ponés servicio y decís: ‘Che, Nacho, hagamos negocio, ponele vos servicio’. Si yo voy a gastar guita del Estado para resolver problemas del privado, es ilegal”.
La discusión pasó luego a Vía Aurelia. Durante la entrevista se planteó la versión de que podrían utilizarse terrenos de la Escuela Agrícola para construir una planta destinada a solucionar el problema sanitario del emprendimiento y que luego la infraestructura quedara bajo responsabilidad estatal. Sobre ese punto, Jarsún fue tajante: “No hay nada. No está esto para nada. No sé de dónde salió eso”. Sin embargo, aclaró que deben estudiarse las distintas posibilidades: “Todo se analiza”.
Entre las soluciones posibles para Vía Aurelia, el ministro mencionó concretamente dos caminos: conectarse mediante una red recolectora a una colectora existente o construir una planta depuradora propia.
Jarsún contó además que había recibido una comunicación de Beccar Varela, de Proyecto Norte, por otro emprendimiento, San Luis Chico, cuyos desarrolladores también pretenden evaluar la posibilidad de conectarse a una colectora. El ejemplo apareció para remarcar que el problema de infraestructura sanitaria alcanza a distintos proyectos urbanísticos y no solamente a los casos que desataron la polémica.
En ese contexto, el funcionario diferenció el acompañamiento estatal a la inversión privada de la utilización de recursos públicos para cubrir incumplimientos de los desarrolladores. “La visión que tenemos como empresa es tratar de ayudar a todo el mundo y, cuando inviertan, hagan lo que tienen que hacer. Nosotros darle la viabilidad porque no queremos ser el obstáculo para que Salta deje de desarrollarse”, sostuvo.
Pero inmediatamente marcó el límite: “Una cosa es ser obstáculo y joder gente, y otra cosa es ir a pararle la chata a los garcas”. También cuestionó a desarrolladores que, según expresó durante la entrevista, “hacen cualquier cosa, le prometen cosas” a quienes compran terrenos y después no cumplen.
Durante el intercambio, Daniel Murillo también puso sobre la mesa las acusaciones que rodean a los desarrollos vinculados a Magdalena Day y mencionó cifras atribuidas a terceros sobre la venta de terrenos, causas actualmente judicializadas y una supuesta multa de alrededor de $80 millones ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Finalmente, Jarsún fue consultado por Ignacio Lupión y las versiones sobre su vínculo societario con Magdalena Day, ante la posibilidad de que esa relación generara sospechas sobre una eventual intervención estatal para resolver el problema de Vía Aurelia.
“Lupión, la verdad que no hablé este tema con él”, respondió Jarsún. El ministro insistió en que su criterio debe ser el mismo independientemente de quién sea el desarrollador: acompañar proyectos y buscar alternativas, siempre que la solución no termine perjudicando los recursos públicos.
