Pobladores de Finca las Costas ganan tiempo y exponen a los barrios privados y al gobierno
La comunidad Lule logró frenar temporalmente la demolición de sus viviendas en Finca Las Costas, tras mantener una reunión con la jueza Guadalupe Villagrán. Según informó David Torres, presidente de la comunidad, en El Murishow, la magistrada aclaró que no emitió ninguna orden de desalojo para el 28 de octubre ni autorizó el uso de topadoras, medidas que habían sido notificadas por el secretario de ambiente, Alejandro Aldazabal.
Aunque se suspendió la ejecución inmediata de la medida, Torres enfatizó que la resolución judicial que busca eliminar los focos de contaminación en la zona sigue vigente. “La resolución de solucionar o levantar todos los focos de contaminación sigue vigente. Para eso hay una investigación en la cual nosotros nos ponemos a disposición”, declaró el dirigente.
En cuanto a las acusaciones ambientales, la comunidad Lule rechaza ser la responsable de la contaminación del agua. Torres señaló que la verdadera polución proviene de grandes urbanizaciones y barrios privados de San Lorenzo Chico que carecen de infraestructura cloacal adecuada. “Si ustedes hacen una observación aérea, van a ver que una ciudad, un gran grupo de barrios similar a una ciudad, larga sus afluentes de aguas servidas hacia el río”, sostuvo.
El presidente de la comunidad denunció además una falta de equidad en el accionar estatal, cuestionando por qué se presiona a la comunidad mientras se permite el funcionamiento de otros proyectos inmobiliarios privados vinculados a sectores políticos. Asimismo, alertó sobre la existencia de estafas en la venta de terrenos dentro de la reserva por parte de terceros que, a diferencia de los miembros históricos, han logrado obtener servicios básicos como luz y agua.
La comunidad permanece en estado de alerta y movilización a la espera del avance de la investigación pericial. Torres reafirmó la voluntad de colaborar con la justicia para esclarecer las causas reales de la contaminación y defender el territorio ancestral que habitan, manteniendo su compromiso de abrir sus puertas para las inspecciones técnicas que la jueza determine.
