PAMI rompió el contrato con el Hospital Militar: ¿IMAC se beneficiará con 16 mil cápitas?
La reciente decisión del PAMI nacional de rescindir el contrato con el Hospital Militar de Salta, que hasta ahora atendía a casi 16.000 afiliados, encendió alarmas no solo por la incertidumbre de los pacientes, sino por el entramado de intereses políticos, privados y negociados millonarios que rodean el sistema de salud para jubilados en la provincia. Mientras el organismo asegura que “nadie quedará sin cobertura”, en los pasillos del sistema prestacional circula otra historia: una red de negocios que involucra a clínicas privadas, funcionarios nacionales y hasta a un senador salteño. Detrás de la clínica IMAC, una de las principales beneficiadas con la reasignación de afiliados PAMI, se encuentra Fernando Saavedra, empresario de salud, socio del senador Juan Carlos Romero; allegados además al doctor Leonardo Faila, otro nombre clave en este engranaje.
IMAC no solo absorberá parte de las cápitas que pierde el Hospital Militar, sino que además viene comprando o alquilando clínicas del interior como si armara un rompecabezas prestacional: la ex clínica La Merced en Salta, 9 de Julio en San José en Metán, Santa Catalina en Orán como así también la Sagrado Corazón, Divina Misericordia en Tartagal, entre otras. Según fuentes consultadas por El Grito, el objetivo es replicar el modelo de ACCISAL, una red de clínicas liderada por el doctor Mario Yelamo (de Orán), quien es amigo del ministro Guillermo Francos, hoy pieza clave del gobierno de Milei.
Mientras se habla de reubicación de pacientes, lo que nadie quiere decir en voz alta es que más de 100 trabajadores de salud quedarán en la calle. Médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo que durante años sostuvieron la atención del PAMI en el Hospital Militar, pertenecen a la empresa TISEC S.R.L., que ahora queda fuera del sistema. La rescisión del contrato -por orden, desde Buenos Aires- fue el golpe final: de un día para otro, les quitaron las cápitas y dejaron al personal sin horizonte laboral. El traspaso se hizo sin previo aviso formal: la carta llegó el 8 de julio, con efecto inmediato, cuando por norma se requiere al menos 30 días y una justificación. La indignación es doble: no solo no se les reconocen derechos, sino que se los reemplaza por prestadores improvisados, sin estructura ni respaldo legal.
El rumor sobre movimientos irregulares en PAMI y las cápitas que maneja en Salta, no es nuevo. Desde hace un tiempo, era un secreto a viva voz que Sergio López Alcobendas, director de PAMI hasta hace unos meses, allanaba el camino para asignarles miles de cápitas al IMAC. Sin embargo, desde el mismo organismo y el círculo de Saavedra se encargaron de desmentirlo; con los movimientos de estos últimos días, ahora con un PAMI bajo la gestión de César Dib solo balbucean responsabilidades y presiones desde el organismo central, en Buenos Aires. Uno de los casos ejemplares para comprender cómo benefician a sus propios amigos, es lo ocurrido con Paramedic, empresa dedicada a realizar traslados, que fue desplazada sin previo aviso por una firma impulsada por Leonardo Faila, sin habilitaciones vigentes, ni ambulancias declaradas en sistema. Incluso hay denuncias de traslados en remises particulares para pacientes oncológicos.
¿Y ahora?
Según confirmaron fuentes extraoficiales, las 16.00 cápitas que deja a la deriva el Hospital Militar, por decisión del PAMI central, ahora irán a la clínica Divina Misericordia de Tartagal y a la ex La Merced (oh, casualidad, del IMAC) en Salta capital, pese a no contar con infraestructura suficiente. De hecho, la Merced tiene solo 15 camas en sala común, 12 en terapia intensiva y 2 en guardia. Nada que se aproxime a los requerimientos para alojar a miles de pacientes. “Por lógica, ¿cómo se interna a 15.000 personas con solo 15 camas?”, se preguntan desde adentro del sistema. Además, de no contar con un lugar en Capital; deberían trasladarse a Tartagal, algo totalmente absurdo.
Mientras se caen servicios y se improvisa con clínicas sin capacidad, el negocio detrás del sistema prestacional de PAMI en Salta mueve alrededor de 400 millones de pesos por mes. Plata pública, derivada a empresas privadas con conexiones políticas. Desde adentro del PAMI denuncian que se intentó frenar la cadena de pagos a ACCISAL por falta de documentación, pero la presión del ministro Guillermo Francos forzó su reactivación. Según lo que pudo recabar este medio, ante el fracaso del intento de “liquidar” a esa red para absorberla, Saavedra, Faila y Romero comenzaron a comprar clínicas por su cuenta.
El movimiento de cápitas fue decidido por Buenos Aires. En Salta, apenas se notificó formalmente al contador Cesar Dip, actual jefe del PAMI en Salta, cuando ya todo estaba resuelto. El anuncio oficial se publicará el lunes en el Boletín Oficial, pero en los hechos, el curro ya está en marcha. Bastará repasar los movimientos el próximo 1° de agosto cuando el organismo anuncie quién absorberá las miles de cápitas que, uno podría presumir a las luz de los hechos, ya tienen nombre…
