Pensiones por discapacidad a cambio de votos: El diputado Orellana imputado en la causa de las pensiones truchas que investiga Amad
El fiscal federal Carlos Amad aseguró en El Murishow que la organización utilizaba certificados médicos falsos y cobraba dinero a personas que no cumplían los requisitos. También señaló al diputado Gerardo Orellana por presuntamente avalar trámites irregulares y ofrecer pensiones a cambio de votos. La investigación continúa y podría alcanzar a más personas.
Una investigación de la Justicia Federal permitió desarticular una presunta asociación criminal que habría montado durante años un mecanismo para obtener pensiones por discapacidad de manera irregular en el departamento Anta. Según explicó el fiscal federal Carlos Amad, la organización habría tramitado alrededor de 9.000 pensiones mediante certificados médicos falsos y documentación que no reflejaba la situación real de los supuestos beneficiarios.
En una entrevista con El Murishow, Amad explicó que la investigación demandó aproximadamente dos años y permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, defraudaba al Estado a gran escala. El perjuicio económico estimado supera los 3.000 millones de pesos mensuales, según los cálculos expuestos por el fiscal.
Certificados médicos falsos y derivaciones desde hospitales
El mecanismo investigado comenzaba con la obtención de documentación médica que permitía acreditar una discapacidad inexistente o exagerada.
“Nosotros identificamos una asociación criminal que defraudaba al Estado mediante la entrega de certificados médicos falsos a personas que no estaban enfermas”, explicó Amad.
De acuerdo con la investigación, incluso se habría utilizado una estructura que involucraba a profesionales de la salud. Según el fiscal, médicos que trabajaban en hospitales públicos derivaban personas hacia consultorios privados donde se realizaban los trámites necesarios para obtener las pensiones.
La investigación apunta a que no se trataba de casos aislados, sino de un sistema organizado con distintos participantes y funciones específicas.
Un “nomenclador de precios” según la dificultad para justificar la discapacidad
Uno de los elementos que, según Amad, permitió avanzar sobre el funcionamiento interno de la organización fueron anotaciones y documentación secuestrada durante la investigación.
Entre esas pruebas aparecieron cuadernos donde figuraban registros vinculados con pagos realizados por los beneficiarios. El fiscal aseguró además que los investigadores encontraron una suerte de “nomenclador de precios” para determinar cuánto debía pagar cada persona.
Según su explicación, el monto dependía de la dificultad para justificar documentalmente la supuesta discapacidad: cuanto más difícil resultaba acreditar una enfermedad o incapacidad inexistente, mayor era el dinero que se cobraba.
El diputado Orellana, bajo la lupa
Entre los implicados señalados por el fiscal aparece el actual diputado Gerardo Orellana. Amad sostuvo que la investigación le atribuye hechos vinculados con el período en que Orellana se desempeñaba como intendente.
“Nosotros le imputamos que con su firma en su momento avaló trámites a personas que no cumplían con los requisitos desde el 2007 hasta el 2011 aproximadamente”, afirmó el fiscal.
Según los testimonios incorporados a la investigación, Orellana habría utilizado la entrega de pensiones como herramienta política durante períodos electorales.
“Este señor en época de elecciones, conforme los testimonios que tenemos y las investigaciones que hicimos, ofrecía pensiones a familias a cambio de votos”, sostuvo el fiscal.
Se trata de una acusación de extrema gravedad que deberá ser acreditada en el marco del proceso judicial.
Una investigación que todavía no terminó
Hasta el momento, la causa cuenta con 15 personas imputadas, aunque el número podría aumentar.
Amad fue contundente al explicar que el operativo realizado hasta ahora no representa el cierre de la investigación.
“No, no, esto no acaba acá. Esto empieza. Aquí hay otro tramo de la investigación que en algún momento también se va a formalizar”, anticipó.
El fiscal explicó que existen otros tramos y posibles células relacionadas con la estructura investigada que todavía están siendo analizados y que podrían derivar en nuevas imputaciones.
De esta manera, la Justicia Federal busca determinar hasta dónde llegaba la organización, quiénes cumplían funciones dentro de ella y cuál fue el verdadero alcance económico del fraude.
Una estafa millonaria contra el Estado
La dimensión del caso excede ampliamente la situación de los beneficiarios que habrían obtenido irregularmente las pensiones.
La hipótesis investigada apunta a una estructura que habría utilizado recursos públicos durante años, con la participación presunta de profesionales, intermediarios y personas vinculadas con la gestión de los trámites.
Con aproximadamente 9.000 pensiones bajo sospecha y un perjuicio estimado en más de $3.000 millones mensuales, el expediente podría convertirse en una de las investigaciones más relevantes sobre fraude contra el Estado en la provincia.
Por ahora, la Justicia Federal tiene 15 imputados y una investigación que, según el propio fiscal Amad, está lejos de haber terminado.
