Corrupción en el penal de Villa Las Rosas: Beneficios a cambio de plata, torturas y pactos con jueces y penitenciarios
A días de que comiencen los alegatos finales y con sentencia prevista para el 23 de septiembre, avanza uno de los juicios más graves por corrupción estructural en el sistema penitenciario de Salta. La causa se originó tras una investigación interna impulsada por Karina Torres, entonces directora general del Servicio Penitenciario, quien al asumir en el cargo escuchó rumores reiterados sobre lo que sucedía en el penal de Villa Las Rosas y en otras cárceles de la provincia.
Según relató la periodista judicial Melina Solá en El Murishow, el punto de partida fue el ingreso irregular de comida por delivery, permisos de salida a cambio de dinero y el cobro de “tarifas” para acceder a beneficios reglamentarios. “Había que pagar para poder ir a la carpintería, a la granja, o para conseguir libertades. Hasta para tener buena conducta había que poner plata”, contó Solá, y explicó que al iniciar la auditoría interna, Torres detectó que no había actas de evaluación, ni registros que justificaran cómo se otorgaron los beneficios durante 2021 y 2022.
Los testimonios reunidos en la causa revelan una red sistemática de extorsiones y violencia. Los presos con recursos eran los que accedían a mejores condiciones, pero incluso ellos eran extorsionados por penitenciarios, que determinaban a quién sacarle dinero. “Ibas a tener problemas si no pagabas”, relataron varios detenidos, quienes además pidieron formalmente no ser devueltos a Villa Las Rosas por temor a represalias.
Uno de los testigos incluso admitió en su declaración lo que Solá llamó un “sincericidio judicial”: el personal del penal dividía a los internos según su condición social, lo que determinaba su suerte dentro de la cárcel. Quienes no podían pagar sufrían consecuencias aún peores. Se ofrecía acceso a drogas, celulares, pabellones “seguros”, visitas sin control y otros beneficios que eran parte del circuito de corrupción. Uno de los casos más emblemáticos es el de Manuel “el Gordo” Méndez, un preso que tenía celda propia, cocina, celular, hablaba todos los días con su madre y, según la investigación, tenía un negocio conjunto con penitenciarios para vender droga dentro del penal. Incluso le enviaban “soldaditos” para que distribuyera.
Otro imputado, acusado de ser dealer, tenía a su hermano preso y adicto. La familia, de bajos recursos, hacía lo posible por asistirlo, pero la deuda creció por su consumo. Cuando dejaron de enviar dinero, el hermano fue brutalmente golpeado, violado con una faja de 40 cm y torturado. No le brindaron atención médica hasta que la familia amenazó con hacer público el caso. Fue entonces cuando empezaron a forzarlo a hacer “mandados” para los penitenciarios, una práctica que, según Melina Solá, se repite en varias declaraciones.
“Te reclutaban. Obligatoriamente. Tenías que buscar gente que venda droga. Algunos alquilaron depósitos, involucraron a su familia, quedaron atrapados en una red mafiosa donde los penitenciarios eran dueños de sus vidas”, denunció la periodista.
Además de los 20 imputados (8 de ellos pertenecientes al Servicio Penitenciario, varios con rango de jefatura), también aparecen abogados y funcionarios judiciales mencionados en la causa. Uno de los nombres que más resonó fue el del juez de Ejecución de Sentencia Martín Martínez, involucrado a partir del testimonio de un preso cuya familia tenía recursos y pagó sumas de dinero para evitar ser enviado a los pabellones más peligrosos. En uno de los relatos, se señala que el hermano del detenido pagó a uno de los jefes imputados, Biseglia, para mejorar sus condiciones de detención. Incluso sacaron madera de la maderera familiar para entregar a los penitenciarios. En ese marco, el abogado Ricardo Poclava, mencionado en otras causas como la de Monges, y una ex autoridad del Servicio Penitenciario, se habrían reunido con la familia para ofrecerle beneficios. Según Solá, les pidieron 10 mil dólares a cambio de salidas transitorias en dos semanas, libertad condicional, y promesas de libertad en tiempo y forma. Ante la duda de cómo sería posible obtener esos beneficios sin tener el puntaje requerido, le respondieron que “lo tenían” al juez Martín Martínez para firmar los permisos.
La causa expone una red de corrupción carcelaria profundamente arraigada, donde penitenciarios, abogados y hasta jueces habrían negociado con la libertad, la salud y la vida de los presos, en un esquema sostenido por el silencio, la impunidad y el poder.
