¿Alguien quiere pensar en los chetos? La Almudena reclama al Estado que le garantice servicios básicos
Rosario Day, presidenta del Consorcio de Agua de La Almudena, expuso las falencias que atraviesa el barrio y reclamó respuestas al Municipio y al Gobierno provincial. Falta de agua potable, problemas cloacales, ausencia de barrido y recolección de poda forman parte de un planteo que vuelve a poner bajo discusión quién debe hacerse cargo de los servicios en determinadas urbanizaciones residenciales.
“Indignada estoy”, expresó Rosario Day al hacer público el reclamo de los vecinos de La Almudena por la falta de servicios que considera básicos para cualquier barrio de la ciudad.
La presidenta del Consorcio de Agua enumeró una serie de falencias y apuntó tanto al Municipio de Salta como al Gobierno de la Provincia. Entre ellas mencionó la falta de recolección de poda y barrido de calles, inconvenientes vinculados a los desagües cloacales y, principalmente, la situación del agua.
Day aseguró que La Almudena no cuenta con acceso a una red de agua potable y remarcó que son los propios vecinos, a través del Consorcio de Agua, quienes sostienen actualmente el servicio. Desde ese lugar reclamó que el barrio sea reconocido y atendido por el Estado de la misma manera que otros sectores de la ciudad.
“Hoy seguimos sin servicios esenciales”, cuestionó, al reclamar respuestas concretas de las autoridades municipales y provinciales frente a una situación que, según expuso, los vecinos ya no están dispuestos a continuar sosteniendo por sus propios medios.
El planteo de Day deja, además, una discusión que trasciende el reclamo puntual de La Almudena. En Salta se multiplicaron durante los últimos años urbanizaciones privadas y sectores residenciales destinados principalmente a familias con un poder adquisitivo considerable, pero no siempre ese crecimiento estuvo acompañado por la capacidad de garantizar de manera autónoma todos los servicios que requieren.
Y allí aparece la contradicción: desarrollos concebidos bajo una lógica privada que, cuando los servicios dejan de alcanzar o se vuelven demasiado costosos para ser sostenidos por sus habitantes, terminan reclamando que sea el Estado —y, por extensión, el conjunto de los contribuyentes— quien brinde las soluciones.
