“Es como pisar cadáveres”: Detenidos en comisarías deben turnarse para dormir en el piso
Rodrigo Solá, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, habló en El Murishow sobre el resultado de la reunión que mantuvo el órgano que preside junto a autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, luego de que se presentara un hábeas corpus colectivo correctivo en favor de las personas privadas de la libertad en las comisarías.
Dicho recurso fue interpuesto por el Comité debido a las deplorables condiciones de detención en comisarías, que vulneran derechos humanos fundamentales y la normativa vigente en dependencias policiales de Ciudad Judicial.
“Presentamos esto el 1 de agosto por la situación en comisarías, planteando el colapso de todo el sistema carcelario. La solución tiene que ser integral a un problema complejo. No tenemos hechos controvertidos, ni el Poder Ejecutivo, la Procuración o la Fiscalía cuestionaron los hechos o las cifras, ni la modalidad que planteamos”, dijo Solá.
Como primera cuestión, el Comité exige el acceso a la salud y a la alimentación para los detenidos, además del urgente traslado de quienes ya están cumpliendo una condena. También solicitaron el cierre de las comisarías 3 y 4 de Tartagal, “donde la propia policía y bomberos decían que no podía habitar ninguna persona por riesgo de derrumbe o fuga”, advirtió el entrevistado. Citó, además, las fugas que ocurrieron en diciembre pasado. Al respecto, alertó que en esas dos dependencias hay 110 personas detenidas, lo que refleja el alto nivel de hacinamiento. “Hay más gente en estas comisarías que en la alcaldía de Tartagal; es una incongruencia”, aseveró.
Por este motivo, para Solá, es importante la articulación entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
“Nosotros identificamos muchas situaciones: algunos no tuvieron defensa adecuada, los defensores no intervienen, hay una persecución excesiva por parte de los fiscales”, puntualizó. En esta línea, citó un caso extremo ocurrido en Cachi, donde “una persona estaba privada de libertad cumpliendo pena y, cuando hicimos averiguaciones, ya había cumplido su condena”.
Entre las cuestiones acordadas, en un plazo de 60 días se debe realizar el traslado de los penados a una unidad penitenciaria, y en un máximo de 120 días se concretará el cierre de las comisarías abarrotadas.
“El caso más dramático es el de las comisarías, porque el 100% de los detenidos duerme en el piso porque no hay camas y se tienen que turnar; en algunas comisarías sucede eso”, aseveró. Al respecto, Solá relató: “No podíamos avanzar sin pisar personas que estaban en el piso”, alertó. Y compartió: “La sensación de pisar cadáveres que ni siquiera se quejan porque entienden que uno tiene que pasar”.
“En Tartagal hay más de 40 personas por celda, sin baño, haciendo sus necesidades en tachos, con niños ingresando a esos lugares a hacer visitas, sin hablar de casos de malos tratos o simulacros de fusilamientos”, retrató el presidente del Comité.
Finalmente, Solá subrayó la importancia de refuncionalizar las comisarías: “Que el tiempo de detención sirva para la resocialización, que no sea un mero transcurso del tiempo en condiciones inhumanas”, concluyó.
