Salta demanda a petroleras por derrame: cerrar el pozo costará US$15 millones y podría haber responsables penales
La Provincia de Salta presentó una demanda ambiental contra seis empresas petroleras por un derrame ocurrido en un pozo en Lomas de Olmedo, Pichanal. El caso involucra a firmas como YPF, President Petroleum y otras operadoras privadas, que deberán responder por un daño ambiental cuyo costo podría superar los 15 millones de dólares.
En entrevista con Daniel Murillo, el Coordinador General de la Fiscalía de Estado, Pablo Buccianti, explicó los fundamentos de la acción judicial que impulsó la Provincia.
“El Ministerio de Producción nos puso en conocimiento de la situación. Después de múltiples intimaciones, la empresa President Petroleum no dio respuesta ante la emergencia, por lo que iniciamos una acción ambiental prevista en el artículo 13 de la ley 7070”, sostuvo.
La demanda no solo apunta contra President Petroleum, sino también contra YPF, EEP Petróleo SA, Tripetrol Petroleum SA, Netherfield Corporation, y Petrolera San José SRL. Todas, según explicó Buccianti, formaron parte del proceso de explotación del pozo, y por lo tanto tienen responsabilidad solidaria según lo establece el artículo 31 de la Ley General del Ambiente (25.675).
“Cuando la responsabilidad es solidaria, uno puede ir contra una o contra todas. Lo importante es que alguien responda ante la urgencia”, remarcó.
Una empresa en concurso y un pozo fuera de control
El caso presenta una dificultad adicional: President Petroleum está concursada, lo que restringe sus posibilidades de responder económicamente. “El juez del concurso ordenó no darle de baja a la concesión porque es uno de los pocos activos que tiene la empresa”, explicó Buccianti.
El pozo continúa emanando dióxido de carbono, un gas más pesado que el aire que se acumula en la superficie. Se estableció una zona de exclusión de 200 metros para evitar riesgos a personas y animales. El ingreso a la zona está limitado al personal autorizado, con equipamiento especializado como detectores multigas y elementos de protección.
“Hoy no se puede acceder al pozo. Habría que perforar uno circundante como vía de alivio y luego clausurar el pozo con cemento”, detalló Buccianti. Según informes técnicos, el costo de esa operación ascendería a unos 15 millones de dólares.
La vía penal y la prevención de mayores daños
La causa tiene dos frentes judiciales: una acción contencioso-administrativa, iniciada por la Fiscalía de Estado, y una denuncia penal presentada por la Procuraduría General de la Provincia, a través de la fiscal con competencia en Pichanal. Ambas avanzan de forma paralela.
“El juez de Orán dictó medidas protectivas similares a las que impulsamos desde la Fiscalía: la zona de exclusión, dotación de personal con protección, y tareas para contener los fluidos”, señaló Buccianti.
Consultado sobre posibles responsabilidades penales, el funcionario fue claro:
“Sí, claramente puede haber. Si esto se agravara y, Dios no lo permita, hubiese víctimas humanas, la responsabilidad penal se incrementaría”.
¿Y los daños a productores?
Uno de los puntos sensibles del conflicto es la afectación a los productores de la zona, quienes podrían haber perdido animales por intoxicación o contaminación.
“La Provincia demanda por el ambiente, pero los puesteros también pueden presentarse para reclamar un resarcimiento por sus daños”, explicó Buccianti.
El antecedente más cercano es el caso Pozo Guardián, ocurrido hace unos 10 años, donde un puestero accionó judicialmente y terminó logrando una reparación que incluyó la intervención de YPF.
Demoras, responsabilidades y un conflicto latente
Al ser consultado por la demora en accionar ante una situación que, según se supo, era conocida por la Secretaría de Ambiente desde 2023, tras al menos 10 visitas oficiales al lugar. Buccianti respondió que la evolución del pozo fue progresiva, y que la gravedad actual no era evidente a fines del año pasado.
“En noviembre la empresa se comprometía a iniciar en marzo el abandono del pozo. Cuando llegó el momento, ya estaban concursados y dijeron que no podían hacerlo. A la par, la emanación de gas se hizo más grave”, detalló.
En estos días, la Provincia ya envió cartas documento a las empresas, y se espera que en las próximas semanas haya una audiencia con todos los actores involucrados para definir un plan crítico de acción.
“Ya sabemos que President Petroleum está trabajando en el cercado, porque la situación es pública. Están alambrando y haciendo una vía alternativa para que el puestero pueda acceder sin riesgo”, cerró.
