“Esta es la segunda intervención del IPS, nunca hubo control”: Piden intervención judicial y auditoría integral externa
Por segunda vez en su historia, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) fue intervenido por el gobierno provincial. Pero ahora, una organización de defensa del consumidor va más allá: pide una intervención judicial, la designación de un veedor y una auditoría externa e integral que revise los últimos diez años de gestión. La acción fue presentada por la ONG “Protectora”, en representación de los más de 260 mil afiliados obligados a aportar mensualmente al sistema, incluso en medio de la actual cesación de pagos.
La demanda, a la que accedimos, sostiene que el IPS atraviesa una crisis estructural idéntica a la de 2006, cuando fue intervenido por primera vez. En ese momento, una auditoría reveló fallas graves de control interno, irregularidades contables, deudas ocultas y manipulación de sistemas informáticos. Esa intervención se extendió por más de siete años. En 2025, la historia se repite: deuda superior a 25 mil millones de pesos, suspensión de servicios, pagos irregulares a prestadores y la opacidad total en la información pública.
La ONG cuestiona la inacción de la Secretaría de Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo, y plantea que los afiliados están totalmente desprotegidos. “No tienen representación real ni acceso a información básica sobre la situación financiera del IPS”, sostienen. Por eso solicitan una auditoría contable y financiera independiente, realizada por una comisión designada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
“No puede haber una tercera intervención”, dice la presentación, que remarca el patrón de deterioro institucional: dos décadas de malas administraciones sostenidas por todos los gobiernos provinciales desde 2006. “La gravedad de la situación es política, civil y penal”, acusan.
Desde Protectora insisten en que la auditoría debe ir más allá de la coyuntura: indagar cómo se contrató, qué se pagó, qué deudas se arrastran y quiénes fueron responsables. El reclamo es contundente: transparencia, control y representación. “Los afiliados pagan todos los meses. El IPS no les está devolviendo nada”.
