Escándalo en la Municipalidad: separan a tres inspectores acusados de cobrar coimas para agilizar trámites
La Municipalidad de Salta apartó de sus funciones a tres inspectores de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, acusados de presuntamente exigir dinero a cambio de acelerar trámites administrativos vinculados a habilitaciones ambientales.
La medida fue adoptada por instrucción del intendente Emiliano Durand y quedó formalizada a través de una resolución de la Procuración General del municipio, a cargo de Matías Risso, que dispuso la suspensión inmediata de los agentes involucrados y el inicio de los correspondientes sumarios administrativos.
De comprobarse las irregularidades investigadas, los empleados podrían enfrentar la sanción más severa prevista en la administración pública: la cesantía definitiva.
Según informaron fuentes municipales, la presunta maniobra estaría relacionada con la tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM), un requisito obligatorio para determinadas actividades comerciales y emprendimientos dentro de la ciudad.
Desde el Ejecutivo municipal calificaron el hecho como una falta de extrema gravedad, al considerar que podría tratarse de conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública y una violación a los principios de transparencia que deben regir la gestión estatal.
En paralelo, el municipio recordó que continúa habilitada la plataforma digital de denuncias antisoborno para que vecinos y contribuyentes puedan reportar pedidos indebidos de dinero, hechos de corrupción, cohecho o cualquier otra conducta ilícita atribuida a funcionarios o agentes municipales.
Las autoridades aclararon que las denuncias deben estar vinculadas exclusivamente a dependencias o empleados de la Municipalidad de Salta, contener información concreta sobre los hechos denunciados y aportar la mayor cantidad de datos posible para facilitar el avance de las investigaciones. Además, quienes realicen una presentación podrán solicitar la reserva de identidad para resguardar sus datos personales.
La decisión representa una de las medidas más contundentes adoptadas por la actual gestión frente a sospechas de corrupción interna y busca enviar una señal de tolerancia cero ante posibles hechos de cohecho dentro de la administración municipal.
