Denunciarán a la jueza Diez Barrantes por el desalojo en Las Pailas: “Hay mala fe procesal”
La abogada de la comunidad Diaguita Calchaquí de Las Pailas, Vero Huber, denunció que la jueza a cargo del expediente de desalojo en Cachi incurrió en “mala fe procesal” al modificar los términos de la sentencia firme, y confirmó que la magistrada será denunciada. El conflicto, que involucra a familias de la comunidad y a un campo de cuatro hectáreas, sigue escalando en el plano judicial, político y comunitario.
“La jueza, a pesar de que ya tenía conocimiento de que hay una comunidad que invoca la posesión ancestral, firma un oficio que dice desalojar la finca. Y ella no puede modificar la sentencia. Es lo que hizo. Hay una mala fe procesal”, afirmó Huber en diálogo con Daniel Murillo.
Según explicó la letrada, la sentencia firme ordenaba la entrega en diez días de una fracción de cuatro hectáreas dentro de una matrícula de mayor extensión, en un terreno donde, según describió, “no había familias, sino vacas”. Sin embargo, un juez interino ordenó el lanzamiento de todo el inmueble, lo que la defensa cuestiona judicialmente.
La abogada sostuvo además que la sentencia está prescripta. “Discutiremos la prescripción de la sentencia, prescribe en 5 años. Entendemos que está prescripta, hicimos el planteo”, señaló.
Huber detalló que el oficio de desalojo fue confeccionado por los propios abogados, pero que su validación es responsabilidad de quien lo firma. “Nos corrigen hasta las comas, los formatos, las formas que armamos el oficio. Esto, que es grave, que esto que voy a firmar va a cumplir la sentencia del expediente, sea por descuido o adrede, la responsabilidad es de quien firma”, expresó, en referencia a la jueza María Fernanda Diez Barantes.
La letrada relató que la magistrada, sabiendo que podía generarse un conflicto, solicitó la presencia policial en el operativo. “La jueza firma y pide a la policía que mande policía, porque sabía que se iba a generar una situación de conflicto”, indicó.
Al llegar a Cachi, los efectivos policiales habrían intentado hacer cumplir el desalojo sobre la totalidad del catastro y no solo sobre la fracción en litigio. “Advirtió que el oficio estaba mal confeccionado” el propio juez de paz local, dijo Huber, quien añadió que la comisaría a cargo realizó una consulta telefónica en la que se confirmó que la orden abarcaba “toda la matrícula, todo el catastro”.
Para la abogada, la situación podría haberse resuelto antes de la escalada del conflicto. “Esto podría haberse solucionado el viernes”, lamentó.
Sobre el trasfondo del conflicto, Huber apuntó al interés económico que rodea las tierras en disputa. “El lugar turísticamente es muy deseado, y ahora la minería”, cerró en El Murishow por Dix 98.7.
