Vivió en hogares del Estado y denuncia abusos y trata de personas dentro del sistema de protección de menores de Salta
Aldana Mangioli asegura que fue vendida por su propia madre a los 9 años, abusada por su padre durante seis años, y que al pasar a hogares del Estado sufrió golpes, hacinamiento y hasta el ofrecimiento de prostitución. Apunta contra la funcionaria Carina Iradi, la jueza Claudia Guemes y una red de operadores y tutores por “encubrimiento” y “malversación de fondos”.
Aldana Mangioli tiene 20 años, hoy vive en Tucumán y estudia abogacía. A los 16 se escapó de su casa arrastrada por la violencia de su madre y terminó, dice, en un sistema que debía protegerla y que —según su relato— la expuso a nuevos abusos. Su denuncia, que involucra a sus padres, a personal de la Secretaría de Primera Infancia y a integrantes del Ministerio Público Pupilar, describe una cadena de hechos que va del abuso intrafamiliar a la presunta trata de personas dentro de dispositivos estatales.
“Desde los 6 hasta los 12 sufrí abusos físicos, sexuales, me llegaron a prostituir”, relató. Según su testimonio, su propia madre la habría entregado a los 9 años a un superior jerárquico —identificado como el coronel Renato Baroni— “para lograr un ascenso”, durante una reunión familiar en Buenos Aires. Denuncia además que su padre, suboficial mayor retirado, abusaba sexualmente de ella mientras dormía, alcoholizado, y que su madre lo sabía y no intervino.
“No vamos a llorar sobre la leche derramada”
De acuerdo con Mangioli, cuando enfrentó a su madre por lo sucedido, la respuesta fue: “No vamos a llorar sobre la leche derramada, no va a servir denunciar”. Y cuando intentó enfrentar a su padre, este constestó: “No me va a temblar el pulso para meterte un tiro, no me vas a arruinar la carrera”. Los padres, Jorge Alberto Moreno y Valeria Beatriz Mangioli, ambos militares, solamente su madre en actividad, son señalados como responsables de abuso físico y sexual sostenido durante años, tanto hacia ella como hacia su hermano menor, de 12 años, que según Aldana continúa hoy conviviendo con ellos.
La causa se inició cuando Aldana tenía 16 años, tras un episodio de violencia en el que —afirma— su madre la golpeó y la arrastró por la vía pública, luego de no responder los mensajes de su madre, ya que su teléfono se había quedado sin batería. Se refugió en la casa de una conocida y radicó la denuncia acompañada por su medio hermano.
De la guarda provisoria al primer hogar
Obtenida la guarda provisoria, Mangioli sostiene que “el Estado no hizo nada de lo que tenía que hacer”: una cuota alimentaria fijada nunca llegó a sus manos y la jueza a cargo, Claudia Guemes —hoy denunciada, según Aldana, por “mal accionar de funcionario público”— la habría tratado en una audiencia de “pendeja mentirosa”, pese a las recomendaciones profesionales de evitar el contacto y los careos con sus padres que la magistrada instigó.
Cuando una mujer cercana a Aldana no pudo constituirse en referente afectivo, la jueza dispuso su institucionalización en el dispositivo “Esperanza”, coordinado por Norma Murillo. Allí, según su relato, otras jóvenes internas la recibieron a golpes y la tomaron de punto, por su parte las operadoras del hogar le retuvieron el DNI, perdieron su historia clínica y documentación muy importante. Describe habitaciones con hasta 12 chicas hacinadas y consumo de drogas dentro del dispositivo. Permanentemente Aldana debió demostrar, mediante análisis, que ella no consumía; puesto que las otras internas buscaban acusarla de consumir drogas. También denunció a un enfermero varón —dentro de un dispositivo exclusivo para niñas— por conductas de acoso.
La tutora, la cuota alimentaria y la denuncia por malversación
Otro de los ejes de la denuncia apunta a Macarena Saravia Zenteno, tutora oficial designada por la jueza Guemes para administrar la cuota alimentaria de Aldana. Según la joven, esa función excedía las atribuciones legales de la tutora y el dinero nunca le fue entregado en tiempo y forma: recién accedió a una parte al salir del dispositivo, y asegura haber detectado una extracción irregular de 50 mil pesos en el expediente. “Si tenía acceso a mi cuenta, ¿a cuántas más?”, se pregunta, en referencia a que todos los menores institucionalizados pasan por la misma administración. Su primer pago logró cobrarlo cuando a los 18 se retiró del dispotivo.
Golpes, un traslado psiquiátrico y una acusación que se repite
Aldana relata un episodio en el que otras internas le abrieron la cabeza y, según denuncia, no se llamó a una ambulancia: la retiraron de la comisaría y la devolvieron al mismo dispositivo sin controles médicos. Dice haber alertado reiteradamente a Carina Iradi, funcionaria de la Secretaría de Primera Infancia, sobre la situación “insostenible”, sin que hubiera respuesta.
Tras un enfrentamiento con otra interna que sacó un arma blanca, fue ella —asegura— quien terminó señalada como responsable y trasladada por personal policial al Hospital Ragone por supuesta alteración psíquica, mientras que a la otra joven se la acusó de estar drogada.
La denuncia más grave: un traslado a una vivienda con menores y adultos
El capítulo más grave del testimonio ocurre cuando, según cuenta, una operadora del dispositivo —identificada como Yanina Plaza— le ofreció un supuesto trabajo ayudando a vender ropa. Fue trasladada en un vehículo oficial, con custodia policial a cargo del sargento Pastrana, hasta una vivienda particular en el barrio El Huaico. Allí, sostiene, encontró “hombres teniendo relaciones con niñas jóvenes” y drogas, en una escena de la que se retiró tras ser manoseada por un hombre. Denuncia que la consigna policial y la operadora permanecieron en la puerta “sin intervenir ni decir nada”, y que al reportarlo a la coordinación la respuesta fue que “no sabía”, pese a haber sido quien coordinó el traslado. Asegura que luego se le impidió radicar la denuncia y que fue mantenida encerrada.
Mangioli extiende la acusación a reuniones en la Plaza España donde, según su relato, se coordinaban encuentros para la prostitución de chicas del sistema, con supuesta participación o conocimiento de operadoras del dispositivo.
“Nadie quiere saber lo que pasa en los dispositivos”
“Nadie quiere dar a conocer estos abusos, trata, tienen miedo por lo que va a pasar con el Estado. Yo no le tengo miedo a Iradi”, afirmó Aldana, quien también pasó por la Residencia de Adolescentes Madres (RAM), donde —dice— las condiciones no mejoraron: requisas diarias y falta de elementos básicos de higiene personal.
Hoy, ya fuera del sistema, cursa la carrera de abogacía y vive de una cuota alimentaria que considera insuficiente tras lo que cuestiona como una mala gestión de la abogada del niño, Marta Aguilar Busini, a quien acusa de haber solicitado el mínimo posible en lugar del máximo. La causa por abuso contra sus progenitores tramitó, según su relato, ante el fiscal Sodero Calvet.
“Los chicos que están en los dispositivos no hablan porque tienen miedo a perder los pocos privilegios que les da el Estado”, cerró.
