Allanamiento en una ONG cannábica de Salta: denuncian destrozos e irregularidades en un operativo policial
El secretario de la Cámara de Cannabis y Cáñamo del NOA, el abogado Martín Galván, cuestionó en El Murishow el procedimiento realizado en la asociación de cannabis medicinal Hampi Yura y aseguró que el operativo estuvo vinculado a una investigación por robos y estafas, no por el cultivo de cannabis. Además, afirmó que la Fiscalía Federal concluyó que la actividad de la organización estaba debidamente justificada y que no existía ninguna infracción a la legislación vigente.
Según explicó Galván, el hecho ocurrió el pasado 25 de junio, cuando recibió el llamado del secretario de la ONG informándole que la Policía había ingresado al inmueble donde funciona el cultivo medicinal.
“Cuando llegamos, cerca de las 7 de la mañana, ya estaban adentro y habían destrozado todo”, relató.
Buscaban personas vinculadas a otra investigación
El abogado sostuvo que el allanamiento se originó en una investigación por robos, hurtos y estafas con tarjetas de crédito, luego de que los investigadores sospecharan que algunas de las personas involucradas podrían encontrarse en ese domicilio.
Sin embargo, cuestionó la forma en que se llevó adelante el procedimiento.
“Había cámaras de seguridad que podrían haber pedido para verificar esa información y nunca lo hicieron”, señaló. Además, indicó que al acceder a las actuaciones advirtieron que el domicilio había sido incluido como el quinto de una serie de allanamientos relacionados con esa causa, sin que la investigación tuviera vínculo alguno con drogas o cannabis.
Para Galván, existió “un desorden investigativo bastante importante”, ya que el ingreso al inmueble se produjo por un motivo completamente ajeno a la actividad que desarrolla la asociación.
El cultivo estaba legalmente justificado
Uno de los aspectos que el abogado destacó fue que, durante el procedimiento, no se secuestró ninguna planta de cannabis, pese a que el cultivo existía.
Según explicó, esto ocurrió porque la organización contaba con toda la documentación necesaria para acreditar el destino medicinal de las plantas.
“Había plantas, pero todas estaban debidamente justificadas”, afirmó.
Galván remarcó que la intervención de la Fiscalía Federal fue determinante, ya que el organismo analizó la documentación presentada por la ONG y concluyó que la actividad desarrollada se encontraba dentro del marco legal, por lo que no se inició ninguna actuación vinculada a una presunta infracción de la legislación sobre cannabis medicinal.
Cuestionan el uso de la fuerza
El representante de la Cámara de Cannabis y Cáñamo del NOA también criticó la violencia empleada durante el operativo.
Según indicó, los efectivos rompieron la puerta de ingreso, dañaron las cámaras de seguridad y provocaron importantes destrozos en una organización de pequeñas dimensiones.
“El delito que se investigaba no tenía nada que ver con la proporcionalidad de la violencia utilizada durante el allanamiento”, sostuvo.
A su entender, ninguna normativa habilita un procedimiento de esas características para una causa de esas características y consideró que el operativo podría haberse realizado de una manera mucho menos lesiva.
Reclaman mayor capacitación
Galván recordó que Salta es una de las provincias con mayor desarrollo normativo en materia de cannabis medicinal y señaló que la capacitación permanente de las fuerzas de seguridad resulta indispensable para evitar este tipo de situaciones.
En ese sentido, reveló que apenas una semana antes del allanamiento habían participado de una capacitación junto a CECACIN destinada a personal de Drogas Peligrosas sobre el marco legal del cannabis medicinal.
Finalmente, explicó que, apenas ocurrió el procedimiento, la organización presentó toda la documentación ante la Fiscalía Federal, que la analizó y determinó que el cultivo medicinal desarrollado por Hampi Yura cumplía con la normativa vigente.
